Las fases de desescalada serán cuatro, siendo la última la destinada a la "preparación para la vuelta a la normalidad"
El Ministerio de Justicia ha informado a las asociaciones de jueces y fiscales que si el Congreso de los Diputados no convalida la próxima semana el Real Decreto-Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19, para evitar el colapso de juzgados y tribunales tras la pandemia por el coronavirus, tratará de que los objetivos contemplados se cumplan igualmente.
Las fases de desescalada serán cuatro, siendo la última la destinada a la «preparación para la vuelta a la normalidad», indica la nota de prensa de los jueces y fiscales. Se prevé que la duración de cada una de ellas sea semanal, aunque dependerá de la «evolución de la pandemia».
El martes comienzan a reincorporarse los funcionarios: Así, la reincorporación de los funcionarios será «progresiva», salvo los Registros civiles que tendrán mayores porcentajes de plantilla. La primera fase se iniciará el próximo martes, con una incorporación del 30 o 40 por ciento de la plantilla.
Una semana después se prevé que tenga lugar la segunda fase, que implicará una incorporación del 60 o 70 por ciento de funcionarios de la Administración de Justicia. Y, para la tercera fase se pretende que la totalidad de la plantilla se reincorpore, además de que se levante la suspensión de los plazos procesales.
Por otro lado, la guía de salud laboral recoge que se deberá proporcionar de equipos de protección individual a todo el personal de Justicia, pero que «serán obligatorios cuando lo establezcan las autoridades sanitarias», apuntan las asociaciones.
Asimismo, destacan que el Ministerio ha recordado que «por el momento» ni las mascarillas ni los guantes son obligatorios y que los test «tampoco por ahora están prescritos por las autoridades sanitarias», pues «se trata de bienes escasos y no está demostrada la inmunidad de todos los que han superado la enfermedad».
Horarios flexibles: En cuanto a los turnos de mañana y tarde, el Ministerio ha apostillado que se trata de una «medida excepcional y temporal que afecta solamente a un porcentaje de la plantilla, con horarios flexibles y con la finalidad de evitar aglomeraciones en las dependencias judiciales» y que dependerá de cada Administración y de cada sede judicial.
